Expertos de la ONU pidieron investigar de manera independiente si funcionarios públicos de Guatemala, incluyendo a la actual fiscal general y jefa del Ministerio Público, María Consuelo Porras Argueta, estuvieron involucrados en las adopciones ilegales de niños indígenas después de su captura y desaparición forzada en el país entre 1968 y 1996.

Se estima que al menos 80 menores indígenas fueron sometidos a adopciones ilegales internacionales tras haber sido institucionalizados en el 'Hogar Temporal Elisa Martínez' en aquel período. "Nos preocupa especialmente que no se haya realizado una investigación pronta, exhaustiva, independiente e imparcial sobre la presunta implicación de algunas autoridades estatales en estos procesos y que las madres afectadas por estas adopciones ilegales aparentemente no hayan recibido ni el reconocimiento ni las reparaciones adecuadas", señalaron desde la ONU.